Las discrepancias con la línea "de defensa" del fiscal general del Estado son enormes en el ámbito judicial, ya que entienden que ha tratado de desautorizar al Tribunal Supremo. Pero donde también está calando a cámara lenta una división con el plan de Álvaro García Ortiz es en el propio Consejo de Ministros.
De puertas para dentro, y no tan adentro, ya se levantan algunas voces. "Yo no lo habría hecho", aseguran algunos ministros en cuanto a la estrategia de los móviles del fiscal general del Estado. Centran sus críticas en que el jefe del Ministerio Público se deshiciese de su móvil y de su contenido en los días clave que están siendo investigados por el Supremo sobre la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Tampoco comparten la estrategia general, aduciendo instrucciones de seguridad internas sobre comunicaciones. Entienden que se trataría de una "línea de defensa de corto recorrido".
De hecho, en el juzgado que instruye la causa sobre la filtración de información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha quedado claro que no había ningún tipo de instrucción como la que adujo García Ortiz. Y esta tesis fue corroborada por los fiscales que han acudido a declarar como testigos en el procedimiento.
Aunque en el seno del Gobierno no hay voces que cuestionen la línea argumental de que el fiscal general no ha cometido delito alguno, no comparten la estrategia de defensa. Porque, ese sector del Ejecutivo cree que se traslada a la opinión pública que todo un fiscal general del Estado utiliza técnicas defensivas propias de cualquier investigado cuando está tratando ya sólo de evitar una condena.
Comprenden que su estrategia pase por denunciar un acoso del propio Tribunal Supremo, pese a constatar el choque institucional que supone. Pero no avalan este órdago en el que está todo el Ejecutivo y todo el partido. Eso sí, pese al matiz sobre la defensa del fiscal, sí defienden que en este caso "no hay nada" y que es un movimiento político contra él y, por extensión, contra Pedro Sánchez, como repiten públicamente los ministros más cercanos a Sánchez.
Esta discrepancia no la expone un único ministro. Son varios los que están en esta línea y lo han compartido en conversaciones recientes. Para ellos, Ortiz debería haber abandonado la fiscalía general del Estado antes de que se "emponzoñara" aún más la instrucción judicial.
Y a esta parte de la crítica y censura se suman fuentes judiciales y fiscales que, además de su asombro por los ataques del Ejecutivo y del fiscal general a la judicatura, aportan una réplica rigurosa desde su experiencia. Empiezan por cuestionar que se negara a responder a las preguntas del juez. Porque recuerdan que, como imputado, está en su derecho a contestar únicamente a su abogado, pero, por el cargo que aún ocupa, se espera otro comportamiento.
Como ya explicó elmundo.es, el aluvión de críticas desde la Fiscalía fue enorme e inmediato. De hecho, se llegó a concretar en un texto suscrito por algunas de las figuras más destacadas del Ministerio Público contra García Ortiz. Los reproches al jefe del Ministerio Público se centran en que su máximo representante no puede abrazar una estrategia de defensa que pase por "deslegitimar" al Poder Judicial. "Ha sido un espectáculo bochornoso", sintetizan.
Incluso más contundentes son veteranos fiscales, del máximo nivel, que hacen una comparación muy dura y gráfica: la estrategia de deslegitimación del Supremo solo la han utilizado durante lustros los terroristas de ETA ante los más altos tribunales. "No reconozco a este tribunal", era la frase que reiteraban los procesados.
Estos juristas entienden que lo peor que ha podido hacer García Ortiz es usar ese mecanismo, aunque sea una pieza más de la estrategia para tratar de que la causa llegué al Constitucional, en su intento último de encontrar allí una salida.