Viviendas de alquiler social para desahuciados

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha aportado 3.196 pisos al Fondo Social de Vivienda constituido por el Gobierno para dar alojamiento a las familias que se hayan visto afectadas por un desahucio, mientras que la Asociación Española de la Banca (AEB) ha ofrecido 2.500 inmuebles para el mismo fin. El pasado 17 de enero se firmó el acuerdo para la puesta en marcha de esta iniciativa en la que, en un principio, se ofertaban 5.891 casas, una cifra que hoy día se reduce a 5.696.

En concreto, las entidades adheridas a la CECA han puesto a disposición del Fondo 3.196 inmuebles (54,3% del total), de las que 1.000 pertenecen a Bankia, 850 a CaixaBank, 355 a CatalunyaBanc, 200 a NovaGalicia Banco, 180 a BMN, 150 a KutxaBank y BBK Bank CajaSur, 125 a Unicaja, 105 a IberCaja, 100 a Banco CEISS, 96 a Liberbank, 20 a Banco Caja Tres y 14 a Caixa Ontinyente. «Esta iniciativa se suma a los esfuerzos que desde el comienzo de la crisis han desplegado las entidades adheridas a CECA en favor de los colectivos más desfavorecidos y afectados por la crisis, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario, o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor y el alquiler social a través de la Obra Social», apunta la Confederación en un comunicado.

Las entidades adheridas a CECA han acordado en el seno de su comité unos criterios de priorización comunes en base a los principios de concurrencia de supuestos de especial vulnerabilidad, número de miembros de la unidad familiar e ingresos netos de la unidad familiar. Adicionalmente, otros criterios que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales, como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones, se considerarán en el proceso de priorización de solicitudes.

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) ha señalado en un comunicado que sus principales bancos asociados tienen abierta una oferta de 2.500 viviendas para ser alquiladas en condiciones favorables por aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual con posterioridad a 1 de enero de 2008. La información sobre las viviendas aportadas por cada entidad puede encontrarse en su respectiva página web.

Pueden optar a un alquiler del fondo quienes hayan sido desalojados de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, tengan ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y se encuentren en alguno de los supuestos definidos como de especial vulnerabilidad. La mayoría de estas viviendas se encuentran en Cataluña y Valencia, que concentran el 21,6 % (1.093 pisos) y el 21,5 % (1.086) del total, respectivamente.