El apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tiene un nuevo precio a pagar.
No solo se han conformado los separatistas con arrancar la cuota de catalán y otras lenguas cooficiales para las plataformas de contenido audiovisual, un 19% extra de inversión para Cataluña, otra partida para la adquisición de vivienda social, mejoras de las carreteras o poner la edad de jubilación de la policía autonómica catalana a los 60 años.
Ahora la banda de Gabriel Rufián ha conseguido levantar una partida de 8 millones de los PGE que iba destinada a la comisaría de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana de Barcelona.
El portavoz de la formación separatista, que comparecía en la jornada del 23 de noviembre de 2021 con su colega de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, presumía de haber forzado al Ejecutivo socialcomunista a quitar esa dotación económica.
El Gobierno había destinado una partida anual que se incrementaría año tras año para la Vía Layetana. Olvídense, no se hará.
El propio Rufián siempre ha mantenido que:
Seguiremos trabajando para convertir esa comisaría en un museo de la memoria y recuerdo a las torturas.
EL GOBIERNO SE COME SUS PROPIAS PALABRAS
Llama la atención la chulería con la que se expresó Rufián, máxime cuando el propio director general de la Policía, Francisco Pardo, se jactó en una Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados en octubre de 2021 de que esa comisaría de Policía en la Vía Layetana era una prioridad:
Estamos haciendo obras de rehabilitación, por lo tanto creo que queda clara nuestra posición.
Y no solo eso.
El 27 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, defendió que la comisaría de la Policía Nacional en la vía Layetana de Barcelona era un «símbolo de servicio público».
Unas palabras que pronunció durante el acto del patrón del Cuerpo en el Auditorio de la capital catalana, ante agentes del CNP, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.
Pérez escenificó así el apoyo del Ministerio del Interior a la jefatura, que independentistas y comunes quieren convertir en un «museo de la represión», al haber sido el edificio un centro de torturas durante el franquismo.
Por su parte, sindicatos de agentes como el SUP se niegan a abandonar las instalaciones al considerar que, tras el asedio que sufrió la comisaría tras la condena del 1-O, supondría una cesión al independentismo.
Cabe recordar que durante aquellas jornadas de disturbios, un agente del CNP resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un adoquín en la cabeza. Una fuerte pedrada golpeó su casco, que se abolló, y el uniformado cayó desplomado en el suelo.
Entonces Interior cifró en unos 300 los agentes heridos en los cinco días de disturbios tras el fallo del Tribunal Supremo. Días en los que el centro de Barcelona y, especialmente, los alrededores de la vía Layetana, fueron el epicentro de los altercados.
