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Los delitos supuestamente cometidos por los ex consejeros de la Junta Antonio Fernández y José Antonio Viera en la concesión de ayudas por 100 millones de euros a la empresa de Linares (Jaén) Santana Motor han prescrito. Así lo ha confirmado la Audiencia de Sevilla tras dar por bueno el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga los hechos, que forman parte de una de las piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE.
En un auto emitido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla se confirma lo dispuesto a este respecto por el juez instructor, quien decidió, en junio de 2023, continuar como procedimiento abreviado las diligencias abiertas por estas ayudas, en las que se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. Hay en total cinco personas procesadas como presuntos autores materiales y otras cinco personas en calidad de partícipes a título lucrativo.
El instructor declaró prescrita la causa para José Antonio Viera y Antonio Fernández, pero el PP, que ejerce la acusación popular, presentó un recurso contra esa decisión, que finalmente ha sido rechazado por la Audiencia de Sevilla.
Los primeros pasos de la Justicia en la investigación de estos hechos se dieron en septiembre de 2019, habiendo transcurrido ya para entonces los 15 años que establece la norma en los hechos que afectan a esta causa que, en ningún caso, se extienden más allá del 2 de septiembre de 2004. La Audiencia indica, por tanto, que "no ha lugar" a entrar a analizar la veracidad o no de los indicios, a la vista de la declaración de prescripción que se ha efectuado.
Los 100 millones de euros que recibió Santana Motor se emplearon, entre otras cuestiones, para prejubilar de forma irregular a unos 800 trabajadores y también para que cinco directivos de Santana Motor se embolsaran "gratificaciones" de unos 446.000 euros de media cada uno de ellos. El juez instructor censuró en el auto de declaración de procedimiento abreviado la "patente y grosera arbitrariedad" en la "cuantificación" de las ayudas concedidas.
En esta pieza también fueron inicialmente procesados el ex consejero Francisco Vallejo y el ex viceconsejero Agustín Barberá, pero se les sacó de la causa por el principio de non bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos. Ambos habían sido ya condenados en la pieza principal del caso ERE. También habían resultado condenados Viera y Fernández, pero a ellos se achacaba participación en unos hechos diferentes, anteriores a los juzgados en la pieza principal, los mismos que ahora se consideran definitivamente prescritos.
Los acusados que sí se sentarán en el banquillo son el que fuera consejero delegado de Santana Motor, el director de Recursos Humanos de la empresa, el apoderado de la Sociedad para el Desarrollo de Componentes S.L. y de la Sociedad Útiles del Sur S.L., un abogado y el responsable de una mediadora.
Asimismo, el instructor continúa el procedimiento contra cinco directivos de la mercantil en calidad de "partícipes a título lucrativo", y ello porque, "a consecuencia de las ayudas ilícitas" se habrían visto "clara y directamente beneficiados al obtener injustamente" una remuneración extraordinaria que habría sido objeto de una "administración desleal de fondos públicos".
El juez considera que la empresa Santana Motor consiguió las ayudas gracias a las "influencias e intermediaciones" de sus máximos responsables, pese a que "carecerían de objeto definido y concreto" y "se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad; concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda".